La tendencia en sustentabilidad para 2016 será la “economía azul”

GreenBIZ presenta su noveno informe, en asociación con TruCost, que le toma el pulso a los avances en sostenibilidad corporativa. El 2016 augura buenos tiempos para la RSE, se espera mayores inversiones en energía, residuos y emisiones, aunque retroceden las inversiones en carbono. La principal tendencia es el crecimiento de la “economía azul”.

El informe evalúa el desempeño de las empresas estadounidenses que forman parte del índice S&P 500, así como las que están en el MSCI World Developed Index, que incluye más de 1.600 empresas en 24 mercados desarrollados. El informe presenta las 10 tendencias para el 2016 en temas de sustentabilidad.

Tendencias para 2016:

La economía circular, la infraestructura verde, reciclaje de carbono, microrredes y la “economía intercambio b-to-b” son algunas de las tendencias para este año.

La novedad es el crecimiento de la “economía azul”, el nuevo negocio de los océanos, de la minería con corresponsabilidad y de las iniciativas “smart sailing” para la industria del transporte marítimo. Hay una industria emergente en la transformación de los plásticos de los océanos en materia prima, la transformación de un contaminante, de un residuo, en un producto. Y cada vez más atención a la pesca sostenible, incluyendo los aspectos de derechos humanos de la industria de la pesca comercial. En total, un cambio radical en el pensamiento sobre los océanos.

El desempeño en 2015

La segunda parte del informe presenta un conjunto de más de 30 métricas producidas con TruCost para evaluar cómo las empresas, en conjunto, están avanzando sustentabilidad.

Un área prometedora de progreso es el costo financiero de los impactos de capital natural- el valor agregado en dólares de la degradación ambiental causada por el uso de recursos y las emisiones de las empresas. TruCost calculó el valor de cientos de entradas de capital natural que se consumen (como el agua o las materias primas como los combustibles fósiles) y salidas generadas (como las emisiones de gases de efecto invernadero o en desecho) de estas empresas y sus cadenas de suministro en los últimos cinco años.

Después de años de aumentos, los costos de capital natural bajaron, lo que sugiere que las empresas son cada vez más eficiente y ambientalmente responsables.

Pese a esto los valores son muy altos. El capital natural utilizado en EE.UU fue superior a $ 1 billón de dólares por año, o el 6 por ciento del PIB nacional, en términos de los impactos ambientales y sociales asociados con la contaminación, el agotamiento de los ecosistemas y los costos relacionados con la salud. Este número es casi $ 3 billones de dólares para las empresas globales.

Si pones esa cifra en contexto comparándola con los beneficios empresariales, se obtiene una imagen preocupante. Las ganancias de más de la mitad de todas las empresas estadounidenses y mundiales se eliminan si estas empresas tuvieren que internalizar y pagar las tasas del mercado por su impacto medioambiental.

Algo que mejoró fueron las inversiones bajas en carbono, en desinversión de los combustibles fósiles, las ventas de bonos verdes, el uso de los inversores de los datos ambientales.

Por ejemplo, el 51 por ciento de las empresas estadounidenses y el 49 por ciento de las empresas globales han dado a conocer públicamente objetivos de reducción de gases de efecto invernadero. El informe también muestra un aumento modesto pero notable en el número de empresas con objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero basados ​​en la ciencia, el comienzo de una tendencia prometedora.

Se destaca la Coalición para la descarbonización de las carteras de inversión, iniciativa dirigida por la ONU. Esta iniciativa superó su objetivo inicial de $ 100 mil millones, y ahora está supervisando la descarbonización de $ 230 mil millones en activos bajo administración.

El 2015 fue el año en que la comunidad de inversores hizo compromisos críticos para financiar el crecimiento sostenible.

Para acceder al informe hacer click aquí.

El subproducto, ¿Oportunidad o barrera?

La figura de subproducto definida en España representa una gran oportunidad para concebir los residuos como recursos. En casos de residuos de gran volumen que tienen un mercado establecido, como por ejemplo las escorias de siderurgia, esta figura es una oportunidad. En cambio, para aquellos residuos en pequeñas cantidades, de bajo valor y cuya reutilización necesita más innovación, esta figura difícilmente será aplicable. A pesar de que su uso suponga un ahorro en materia prima y en la factura de gestión de los residuos para las empresas implicadas, sin un marco administrativo apropiado se perderán estas oportunidades para las empresas y para el medio ambiente.

La directiva marco de residuos de 2008 supuso un punto de inflexión en el desarrollo normativo europeo, iniciando el cambio de concepción de los residuos: de un problema que requería un alto nivel de control e intervención por parte de la administración, se establecía un entorno para avanzar hacia la libre circulación de bienes y servicios, considerando los residuos como recursos o bienes.

Un ejemplo de esto serían las figuras de subproducto y de fin de condición de residuo que define la directiva, y que traspone en España la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Estas dos figuras, desarrolladas de forma desigual por diferentes estados miembro, implican que los materiales sujetos a ellas dejan de ser jurídicamente un residuo, pasando a estar sometidas a especificaciones y normativa propia de los productos, con el impacto que ello supone en cuanto a mercado y comercialización.

Una diferencia esencial entre ambas figuras es que en el caso del Fin de la Condición de Residuo el material pasa por un proceso de valorización en una instalación autorizada para ello, mientras que en caso de subproducto estaríamos ante lo que entenderíamos por una reutilización directa de un residuo de producción en otro proceso industrial, sin tratamiento intermedio. Este artículo está dedicado a la figura de subproducto en España, dado que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicó el 31 de julio de 2015 el procedimiento de declaración de subproducto a nivel estatal, definiendo un marco común que representa una oportunidad para algunas corrientes de residuos, y afectando otros marcos normativos regionales vigentes hasta la aparición de esta figura.

La Bolsa de Subproductos y materias primas, residuorecurso.com, tambien ha tenido que realizar una adaptación para hacer frente a estos cambios normativos y dar cabida en su marketplace a estas figuras.

Leer más

Un artículo de Lorena Jurado, Directora de la Bolsa de Subproductos y Materias Primas del Consejo General de Cámaras de Comercio Cataluña

Artículo publicado en: FuturENVIRO Diciembre 2015

US EPA: R2, e-Stewards a positive force

By Editorial Staff, E-Scrap News

February 11, 2016

The e-Stewards and R2 certifications are implemented well and have improved the e-scrap recycling industry, according to an analysis from the U.S. EPA.EPA / KevinGrant, Shutterstock

The study concluded the two industry certifications “have brought better order; better management; an increased awareness of the environmental, health and safety risks associated with electronics recycling; and an improved awareness of regulatory requirements and best practices.”

EPA officials also had a multitude of recommendations for improvements to the standards and their implementation.

“EPA’s study affirms that e-Stewards and R2 certification programs are helping to improve the responsible management of used electronics in the U.S.,” Mathy Stanislaus, assistant administrator for EPA’s Office of Land and Emergency Management, stated in apress release. “We remain committed to continuing the dialogue started by this study to identify opportunities for continued improvement in management of used electronics.”

Government officials stressed the limitations of the study, which was conducted March 2013-May 2015 and was based on interviews with 39 stakeholders and nine audits observed by the EPA, a “small percentage of all certified electronics recycling facilities and auditors.” And while the observed audits were at facilities representing a range of audit types, facility sizes and services offered, the facilities were asked in advance whether EPA could observe the audits.

“It can be surmised that the clients had confidence in a positive outcome of the audit in order to agree to let EPA observe the audit,” according to the EPA.

Overall, the study found auditors did a good job of ensuring facilities’ environmental, health and safety management systems are consistent with the standards and are kept up to date. They also excelled in thorough auditing of the data security and data destruction requirements of the standards, according to a study fact sheet.

The EPA also found areas for improvement. Top recommendations included providing additional training and guidance materials to grow the knowledge base for all stakeholders, providing regular updates to the standards, increasing audit times so they can be more thorough and addressing perceived conflict-of-interest issues associated with having certifying bodies audit companies paying them.

The study intentionally did not compare the two standards or draw conclusions about whether one is being implemented better than the other.

The Basel Action Network, which manages the e-Stewards standard, released a statement addressing the report and its recommendations.

“We are very pleased to get high marks for the implementation of a certification that goes above and beyond U.S. law to support the consensus of countries across the globe that agree to ban the export of toxic electronic waste from developed to developing countries,” Mandy Knudtson, e­-Stewards business director, said in the statement.

The evolving global e-scrap industry

By Jerry Powell, E-Scrap News

In presentations at the International Electronics Recycling Congress last month, speakers focused on the ongoing changes in the global e-scrap processing industry.IERC

Steve Skurnac, the president of Sims Recycling Solutions, the world’s largest e-scrap processor, discussed the U.S. e-scrap recycling industry in a presentation at the event, which was held in mid-January in Salzburg, Austria. Sims’ leader called the U.S. e-scrap recovery system a “dysfunctional patchwork of programs and rules.”

Skurnac suggested state programs “create inconsistent product streams, lack enforcement and accountability, and provide little incentive to recycle products in an environmentally sound manner.”

He sees downward price pressure for recovered materials from electronics. “Commodity prices will continue to be under pressure in the foreseeable future. Then we’ll see a bounce back, but not any time soon.” Nonetheless, Skurnac remains optimistic.

He sees two business opportunities in today’s market: mobile products and data centers. He also suggests in industry will experience tougher environmentally sound management requirements and higher mandated recovery rates. He also predicts a decline in the scrap export market.

Skurnac feels service will be key to growth by e-scrap processors. He also suggests that processors will need to move to new activities, such as refurbishment or new material recovery systems. Already refurbishment represents about 20 to 25 percent of Sims’ global revenue. He also sees more effort to shorten the supply chain and to reduce the number of times an obsolete item is touched.

How might the current recovery system plus these new initiatives operate, especially in Europe? An ongoing debate in the European Union region concerns the need for processor standards.

Norbert Zonneveld, executive director of the European Electronics Recyclers Association (EERA), came before the audience to urge the approval of pan-European standards. The group is now petitioning the European Commission to adopt electronics recycling treatment standards. ERRA wants standards made mandatory for all treatment facilities handling waste electronics and electrical goods in the European Union. In this manner, standardization would involve all processors in the EU. Presently some nations employ tight operating standards, while neighboring countries do not. Zonneveld says this has resulted in “a distortion in the recycling market in the EU” because volumes “leak” from one nation to another, based on if a standard is employed.

One European operating standard is offered by WEEELABEX. Petr Novotny, the managing director of the organization, delivered a status report. WEEELABEX now has 110 recycling processors now certified in Europe and 75 other firms are seeking certification. Some 79 certification auditors have been approved by the organization.

España:SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO POR LA GESTIÓN ILEGAL DE RESIDUOS DE APARATOS FRIGORÍFICOS

(Fuente Residuos Profesional)

Eva Blasco Hedo.

Centro Internacional de Estudios de Derecho Ambiental (CIEDA-CIEMAT)
Responsable de la Unidad de Investigación y Formación. 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2015 es la primera que recoge una condena por emisiones a la atmósfera que dañan la capa de ozono. El origen se halla en un entramado empresarial que actuaba al margen de la legalidad a la hora de gestionar residuos de aparatos frigoríficos.

La presente resolución judicial deviene del recurso de casación interpuesto por las defensas de los respectivos acusados contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre de 2014 sobre comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el desarrollo de actividades de residuos de aparatos frigoríficos, que ya fue anteriormente objeto de comentario.

Entonces, ya pusimos de relieve la gravedad de los hechos cometidos y, prueba de ello, fue el elevado grado de las penas a los que los acusados fueron condenados. Ahora, simplemente nos vamos a ceñir a los motivos del recurso que consideramos más directamente relacionados con la materia jurídico-ambiental.

  • PRIMERO: Una de las defensas alega la falta de una pieza clave de la tipicidad, el elemento normativo, o lo que es lo mismo, la ausencia de infracción de una norma protectora del medio ambiente. Entiende que las emisiones a la atmósfera quedan fuera del radio de la Ley de Residuos y del Reglamento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos(RAEE), al tiempo de advertir que las políticas globales tienden a exigir la reducción progresiva de las emisiones pero no su prohibición. A sensu contrario, la Sala considera que existe una clara vulneración de una norma interna protectora del medio ambiente, el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos (en la actualidad derogado por Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y, más concretamente, de su art. 5; máxime cuando entre los RAEE figuran los frigoríficos. Asimismo, pone de relieve que la exigencia de reducción de emisiones no implica que la conducta del acusado sea conforme a derecho.
  • SEGUNDO: Se niega que exista un grave perjuicio para la salud de las personas. Nos aclara la Sala que no es necesario un deterioro irreversible para que se cumplan las exigencias del art. 325 CP y que tampoco es de recibo el argumento basado en el ilícito por efectos acumulativos. Es la persistencia en la actividad y el peligro creado a través de las circunstancias concurrentes de tiempo y lugar, así como el contenido material de los bidones; lo que justifica un riesgo real y la puesta en peligro de la salud de las personas.
  • TERCERO: Se discute la aplicación del subtipo agravado derivado de la clandestinidad de la industria. La Sala resume la evolución que ha ido experimentado su doctrina acerca de lo que debe entenderse por actividad clandestina, en la que se han contrapuesto dos tesis: la concepción jurídica formal y la material. En todo caso, el fundamento de la agravación radica en la dificultad de control de actividades cuya existencia no consta a la Administración, hasta desembocar en una línea jurisprudencial basada en un criterio restrictivo del subtipo agravado. En tal sentido, la Sala no aprecia en este caso clandestinidad, por cuanto la actividad empresarial cuenta con autorizaciones administrativas aunque se haya desviado de sus términos y de su estricto ámbito.
  • CUARTO: Se considera que la motivación de la sentencia resulta insuficiente y se protesta por tratarse de la primera sentencia condenatoria por emisiones con efecto invernadero cuando hay otros muchos que actúan de forma similar. ¿Y? se pregunta la Sala, “en toda modalidad delictiva habrá siempre una primera vez”. Y es que, “fuera de la legalidad no cabe invocar un derecho a la igualdad”.
  • QUINTO: Se protesta por la fijación de indemnización por cuanto se considera por la defensa que el delito contra el medio ambiente no lleva aparejada responsabilidad civil. La Sala entiende que a pesar de encontrarnos ante un delito de riesgo, en algunos supuestos cabe apreciar daños indemnizables. No es este el caso, por cuanto no se considera que se esté ante un daño concreto indemnizable a perjudicados específicos sino que vienen referidos a la colectividad en general, por lo que las indemnizaciones no serían estrictamente compensatorias sino meramente simbólicas.

Destacamos los siguientes extractos:

PRIMERO “(…) Si tal norma obliga a la descontaminación y se incumple esa prescripción, es obvio que se ha vulnerado una normativa destinada a tutelar el medio ambiente. Es un sofisma o un juego de palabras valerse de la genérica explicación de la exposición de motivos de la ley para pretender que esa norma no está impidiendo, precisamente al obligar a la descontaminación, la conducta contraria, es decir la liberación de los gases de esos aparatos. Indirectamente por supuesto que incide en las emisiones atmosféricas.

Las políticas globales de reducción progresiva de esas emisiones no convierten en conforme a derecho la conducta. Reducir exige prohibir tajantemente algunas emisiones y tolerar simultáneamente otras que podrían paulatinamente ir disminuyéndose. Las prohibiciones no pierden de manera absurda su fuerza por eso. Hay conductas semejantes –también dañinas– pero toleradas por el ordenamiento por exigencias sociales. Esas no son delictivas, pero no porque no causen daño al medio ambiente (lesividad) sino porque cuentan con respaldo administrativo y legal en virtud de decisiones políticas y normativas que valoran pros y contras. Cuando no se cuenta con esa autorización, el tipo penal despliega toda su eficacia (…)”.

SEGUNDO: “(…) Para encontrar el tipo medio de gravedad a que se refiere el art. 325 del CP –y antes el 347 bis– habrá que acudir, como dijo la citada sentencia105/99, de 27 de enero, a la medida en que son puestos en peligro, tanto el factor antropocéntrico, es decir, la salud de las personas, incluida la calidad de vida por exigencia constitucional, como a lascondiciones naturales del ecosistema (suelo, aire, agua) que influyen por tanto, en la gea, la fauna y la flora puestas en peligro.

Los hechos son subsumibles en el art. 325 del CP como postula el Ministerio Fiscal al estimar que el peligro creado en el caso enjuiciado fue grave por todas las circunstancias de tiempo y lugar concurrentes y por el contenido material de todos los bidones y no sólo por el tóxico derramado de alguno de ellos. Su argumento esencial es asumido por esta Sala. Se funda en las siguientes razones: 1º) En la intencionada realización por parte de los acusados de un depósito y vertido de los 25 bidones repletos de sustancias altamente tóxicas e inflamables. 2º) Esa acción anterior se materializa en un lugar no autorizado, vulnerando la normativa administrativa más elemental de protección del medio ambiente que prohíbe tajantemente el abandono incontrolado de aquellos residuos tóxicos y peligrosos, y 3º) Se produce el evidente resultado, negado por la sentencia, de que dicho depósito de bidones pudo perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales (…)”.

TERCERO: “(…) Aquí es obvio –en eso consiste precisamente el delito– que los recurrentes (salvo Severiano Heraclio) rebasaron los límites y el ámbito de las autorizaciones que amparaban su actividad al tratar algunos residuos –los peligrosos– para los que no estaban habilitados. Pero no puede hablarse de clandestinidad en el sentido analizado. El hecho de que en las primeras investigaciones fuesen identificadas con facilidad esas empresas como dedicadas al tratamiento de residuos de esa naturaleza es buena muestra de que es forzar las cosas hablar de clandestinidad en la dirección apuntada. La clandestinidad significa a estos efectos situarse en condiciones de sustraerse al control administrativo. La ausencia de una aprobación administrativa se traduce en opacidad o blindaje frente al adecuado control sobre la empresa. Desde esa significación no estamos aquí ante actividades clandestinas: las empresas contaban con autorizaciones administrativas para una actividad industrial con la que era naturalmente compatible el tratamiento –bien que ilegal– de los residuos electrónicos en cuyo manejo se produjeron las actividades contaminantes (…)”.

CUARTO: “(…) Se vuelve al tema de si el pago de unos cánones junto a la pertinente autorización (derecho de emisión)conforme a determinada legislación actuaría como causa excluyente de la responsabilidad penal. Así es. Se contaría con una eximente; o, si se prefiere, estaríamos ante un elemento negativo del tipo. No es momento de adentrarse en el debate sobre su categorización dogmática. Las emisiones autorizadas no son típicas. Lo pueden ser las no autorizadas como las aquí enjuiciadas. ¿Es eso arbitrario? Lo sería no esta concreta condena, sino en su caso la política emprendida (…)”.

QUINTO: “(…) Cuando no es posible la reposición al anterior estado de cosas ni se detectan daños singularizables y afectantes a sujetos jurídicos identificables, y no meramente los difusos y colectivos daños asociables a todo delito contra el medio ambiente deformaría el instituto de la responsabilidad civil la búsqueda de un subrogado más o menos simbólico. Se desnaturaliza la esencia de la responsabilidad civil y en particular de su vertiente indemnizatoria regulada en el CP. El pago de una indemnización cuantificada de forma más o menos razonable –lo que debiera haberse abonado en caso de estar autorizadas esas emisiones– a una Administración Autonómica y en concreto a uno de sus departamentos, aquél en que se concentran sus competencias en materia de medio ambiente, es solución imaginativa, sensata, razonable, con sentido…, pero no acoplable a los contornos definidos de la institución de la responsabilidad civil nacida de delito desarrollada en los arts. 109 y ss CP y cuya naturaleza, fundamento y principios son esencialmente idénticos a la regulada en el Código Civil (vid. sus arts. 1092, 1093 y 1902 y ss). La indemnización contemplada en esos preceptos tiene función compensatoria y no sancionadora, ni de restitución de un enriquecimiento (o ahorro) injusto (…).

En materia de delitos contra el medio ambiente, la previsión del art. 339 CP cubre la reparación específica como modalidad de responsabilidad civil, pero no admite fórmulas como la aquí utilizada por la sentencia al rebufo de la acusación pública. La pena de multa que acompaña a la privativa de libertad en estas infracciones es el instrumento que sirve al objetivo de fondo. De hecho aquí la indemnización acordada en realidad no está cumpliendo con su lógica y natural función resarcitoria. Parece obedecer más bien a una encubierta finalidad sancionadora en parte y en parte paliativa de un hipotético enriquecimiento injusto (no ha pagado los derechos de emisión). Esas funciones ya son cubiertas por las penas que se imponen (una de ellas, pecuniaria) sin que sea lógico superponer repercusiones económicas adicionales (…)”

COMENTARIO DE LA AUTORA

Tal y como se deduce del contenido de esta resolución judicial, es la primera vez que se dicta una sentencia condenatoria por emisiones a la atmósfera que dañan la capa de ozono, quizá no sea la última. El origen se halla en un entramado empresarial que actuaba al margen de la legalidad a la hora de gestionar residuos de aparatos frigoríficos; realidad de la que eran plenamente conscientes y que ha colmado las exigencias de culpabilidad. No es de recibo que fragmentasen unos aparatos que contenían elementos peligrosos sin ser descontaminados, con una clara vulneración de la normativa y una puesta en peligro de la salud de las personas y de los ecosistemas.

En este caso, no aprecia la Sala la concurrencia del subtipo agravado derivado de la clandestinidad de la industria debido a que las empresas disponían de autorizaciones que amparaban su actividad, si bien no eran las idóneas para llevar a cabo la gestión de residuos en la forma en que actuaban. Y es que, la doctrina jurisprudencial ha evolucionado hacia una interpretación restrictiva, que pone cuidado en subrayar que “el sentido legal de clandestinidad es el de carencia de la autorización o la licencia exigidas para desarrollar una actividad, precisamente, con objeto de preservar el medio ambiente”, pero aclarando que “únicamente procede la aplicación del subtipo en los supuestos de falta de licencia para la explotación en sí misma y no de la actividad que constituye el vertido contaminante” (SSTS de 26 de junio de 2002 (núm. 1200/2002) y 11112/2009, de 16 de noviembre).

Por último, resulta discutible que el daño derivado de las emisiones a la atmósfera, que ha sido cuantificado a través de medios probatorios, no encaje dentro de la responsabilidad civil derivada del delito, por entender que se trata de daños difusos y colectivos. La cuantificación se ha llevado a cabo y el que contamina debe pagar o restaurar cuando de su actuar deriven perjuicios cuantificables para que el delito “no sea rentable”.

La sentencia completa está disponible en el siguiente enlace: Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2015

Fuente:
Actualidad Jurídica Ambiental
Foto portada:
USDA

Argentina:Inauguran importante planta de biomasa en Formosa

El gobernador Gildo Insfrán estuvo presente en la habilitación oficial de la planta de biomasa construida por la firma Unitan, oportunidad en la que se puso de manifiesto la importancia de darle continuidad a la valiosa relación entre el gobierno y el sector privado así como también que se continuara la gestión para que se concrete la construcción del acueducto río Paraguay-Ingeniero Juárez ,una propuesta que incluye el sembradío de caña de azúcar para la fabricación de bioetanol.

Energía EstratégicaPor Energía Estratégica info@energiaestrategica.com

Durante el acto donde el primer mandatario estuvo acompañado del Jefe de Gabinete, Antonio Ferreira y el ministro de la Producción y Ambiente, Raul Quintana, entre otros ministros del PEP y el vicepresidente de Unitan, ingenieroAriel López Matto, inauguro la primera planta de biomasa de la provincia, luego de 15 meses de trabajo y una inversión de más de 20 millones de pesos.

El empresario dijo que la planta permitirá el aprovechamiento integral de la materia prima tánica que generara energía barata y limpia para las industrias de la región.

Anuncio, además, que en breve se pondrá en marcha la instalación para aprovechar la rica diversidad de la región produciendo aceites esenciales y extractos secos de diversas especies y para variadas aplicaciones.

Por otro lado, López Matto confirmo que Unitan está lista para reiniciar el embarque de tanino hacia EEUU y Asia ni bien las navieras depositen los contenedores en el puerto local tras la decisión política nacional de eliminar la conflictiva resolución 1.108 de la ex subsecretraria de Puertos y Vias Navegables.

El vicepresidente de Unitan, Ariel López Mattos destacó la presencia de Insfran en este importante paso empresarial, dirección en la cual dijo seguirán avanzando a partir de “nuevos y complejos desafíos” trazados, aludiendo a que “si queremos sortearlos con éxito debemos ahondar aun mas en coordinar y combinar los esfuerzos del sector privado y el estado provincial”.

Destacó en la misma línea que ya hemos visto los resultados del trabajo conjunto con la operatoria del puerto de Formosa la cual retomaremos en breve ni bien las navieras posicionen los contenedores.

A lo largo de nuestra trayectoria como referentes industriales de la región hemos tratado de aportar al desarrollo de esta provincia. Hoy estamos dando una nueva confirmación de nuestra vocación de permanencia inaugurando su primera planta de biomasa, avanzando hacia una visión más abarcadora de la actividad industrial”, aseguró el empresario.

Dijo que “estamos convencidos de que con el liderazgo de las autoridades provinciales aquí presentes concretados en políticas públicas se puede implementar un proceso de inversión industrial basado en tres conceptos: Crecimiento industrial, generación de empleo y desarrollo sustentable”, significando que la planta de la firma es una prueba de las tres ideas señaladas.

Comento que la planta demando 15 meses de trabajo y más de 20 millones de pesos de inversión se ponen en marcha la planta que permitirá el aprovechamiento de la materia prima tánica, generando una fuente de energía más barata y limpia para las industrias de la región.

Ewaste participa en los Proyectos Clima con una iniciativa sobre tratamiento de gases refrigerantes

Gracias a este proyecto canario se evitará la emisión a la atmósfera de 1.199 toneladas de CO2 equivalente en los próximos 5 años


Ewaste Canarias S.L., planta de tratamiento y  descontaminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es la única empresa canaria seleccionada entre los Proyectos Clima de la convocatoria 2015, que fueron presentados ayer en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en un acto presidido por la Ministra Isabel García Tejerina. Se trata de la única iniciativa específica para las Islas Canarias en esta convocatoria.

En un acto previo a la presentación, David Bustabad, Presidente de Ewaste, firmó con Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), el contrato de compraventa de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero comprometidos en el proyecto.

Los Proyectos Clima son iniciativas de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desarrollados en España en todos los sectores difusos: transporte, residencial, residuos, agricultura y ganadería, industria (excluida la del régimen europeo de comercio de derechos de emisión) y gases fluorados, que proponen actuaciones más allá de lo exigido por la ley y dan lugar a reducciones de emisiones de CO2 verificables.

El Proyecto Clima presentado por Ewaste consiste en la puesta en marcha de la primera planta de tratamiento y conversión de los gases refrigerantes provenientes de los aparatos de frío, como frigoríficos, congeladores o aires acondicionados, a sales de flúor y cloro, actuando como un verdadero “sumidero de carbono”, que lucha frente al calentamiento global. Estos gases refrigerantes pueden tener su origen en la propia planta de Ewaste Canarias S.L., o tener un origen externo, como de instaladores o mantenedores de equipos de frío o de otras plantas de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos del territorio nacional.

Tras invertir más de dos millones de euros para poder implementar este proceso innovador en España, como resultado se evita la emisión de gases altamente contaminantes y dañinos para la capa de ozono, reduciendo  1.199 toneladas de CO2 equivalente en los próximos 5 años, que serán compradas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible.

Es importante destacar que la planta emplea como fuente energética biogás del vertedero anexo a las instalaciones, gracias a la colaboración del Cabildo Insular de Tenerife, convirtiéndola en la primera industria a nivel mundial con estas características.

En el acto de presentación, Isabel García Tejerina destacó que  los “Proyectos Clima” seleccionados en la convocatoria de 2015, son “una buena prueba de que acertamos con el enfoque de apoyar la reducción de gases de efecto invernadero en España a través del Fondo de Carbono FES-CO2”, como avalan las más de 600 ideas presentadas en las cuatro convocatorias realizadas.

Se trata de proyectos “que contribuyen a que España avance hacia una economía verde y hacia una sociedad baja en carbono”, impulsando medidas que están sentando las bases para el cumplimiento de los objetivos con los que se ha comprometido España.

Según García Tejerina, a través de este nuevo modelo de cooperación público privada “estamos explorando oportunidades reales, oportunidades que la lucha contra el cambio climático ofrece a las empresas en todos estos sectores”. Además de la protección del medio ambiente, la Ministra considera que estos proyectos contribuyen a aumentar la capacidad de las empresas españolas, al hacerlas más competitivas.