En 2002 el arquitecto William McDonough y el químico Michael Braungart formalizaron en su libroDe la cuna a la cuna los posibles cimientos de un nuevo modelo de consumo, basado en cerrar el ciclo de la vida de los productos. Aunque muchas organizaciones ya trabajaban en este camino, era la primera vez que en las esferas centrales de la política penetraba el concepto de economía circular con fuerza. Doce años después,Francia prohibirá que las empresas programen la fecha de caducidad de sus aparatos. Esta medida, si se acompaña de otras, supondría empezar a poner en práctica ese paradigma y permitiría al ciudadano repensar sus conductas medioambientales.

Las compañías que incumplan esta nueva normativa se enfrentarán a multas de hasta 300.000 euros y a un máximo de dos años de cárcel. Aún es necesario concretar los métodos de control institucional a los fabricantes y cómo se aplicarán las sanciones, ya que las grandes empresas podrían optar por hacer caso omiso de la normativa si aun pagando la multa siguen percibiendo beneficios. Sin embargo, las organizaciones que luchan por replantear y modificar el tratamiento de los residuos en el Estado español ven en la medida un precedente positivo y exportable.

Un fraude legal

Según Alodia Pérez, portavoz de Amigos de la Tierra, se trata de una decisión “muy importante, al menos a nivel representativo, para demostrar que la obsolescencia es ilegal y un fraude a consumidores y medioambiente”. De hecho, Amigos de la Tierra es una de las plataformas que está intentando que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente incluya la prohibición de la obsolescencia en la nueva Ley de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Es sólo una de las propuestas que lanzan, como la ampliación de la garantía de los productos y la disponibilidad de piezas para su reparación.

Daniel López, responsable de residuos de Ecologistas en Acción, explica cómo en la economía circular “al contrario de lo que mucha gente cree, la gestión de los residuos no es finalista, sino parte de un ciclo”. Al igual que esta política pública caerá en saco roto si no se acompaña de otras medidas de carácter obligatorio y por tanto perseguibles judicialmente, si no empiezan a entenderse los residuos eléctricos y electrónicos como un recurso no valdrá de nada. En la fabricación de este tipo de aparatos se emplean materiales escasos y extraídos de forma perjudicial para el medioambiente pero que con un correcto tratamiento podrían reutilizarse, explica López. Pero para ello sería necesario que desde su diseño inicial se tenga en cuenta que la utilidad del producto no termina cuando un primer usuario lo desecha.

Precisamente la reutilización es uno de los elementos clave. En la Asociación Española de Recu­peradores de Economía Social y Solidaria (AERESS), llevan veinte años trabajando en esa línea con buenos resultados. También inciden en que el tratamiento de residuos se gestione a través de empresas que añadan un valor ecológico y social, como emplear a personas en riesgo o situación de exclusión social y concienciar medioambientalmente a la población. Se trataría de empleos de calidad y que favorecerían una economía local y cercana. Aunque existen normativas europeas que apoyan iniciativas como la suya, se les sigue restringiendo la entrada a la gestión de residuos, concebida como un negocio que beneficia sólo a las empresas que lo sostienen. {destacados-1}

El proceso de transformación hacia la economía ecológica que proponen tiene ventajas a todos los niveles. En 2012 se publicó un informe llamadoHacia la economía circular: razones económicas y comerciales para una transición económica acelerada en el que se desvelaba que el sector europeo de la manufactura podría ahorrar hasta 650.000 millones de euros en la próxima década si sus sistemas productivos fueran rediseñados de acuerdo con la economía circular. En España, la reutilización es “un mercado en auge aunque sea forzado por la situación económica del país”, como Daniel López defiende, pero aún no es una tendencia consolidada.

Obsolescencia de deseo

Como cualquier cambio que busque la estabilidad, el abandono de la economía lineal requeriría tener un gran calado entre la ciudadanía. Probablemente se trate del paso más importante. Pero para ello “es fundamental que la ciudadanía esté informada”, como menciona Alodia Pérez. En la situación actual, que los consumidores entiendan la obsolescencia programada como el fraude que es, pasa porque no sufran la llamada “obsolescencia de deseo”, una de las tres categorías que Vance Packard establece en su libro The Waste Makers. También necesitan conocer y comprender el coste ecológico y económico que supone el cambio innecesario de un aparato a otro, en términos de fabricación, reciclaje y reutilización.

Nada de esto es posible si la Administración oculta y entorpece la búsqueda de información. La portavoz de Amigos de la Tierra denuncia que ahora se usa a los ciudadanos de herramienta, pero no existen cifras fiables sobre la gestión de residuos. De hecho, cuando su organización ha intentado obtener datos se han topado con un proceso opaco y vacío: mucha de esta información la elabora la propia industria e incluso son ellos mismos los que auditan sus cuentas.