Fuente ComunicaRSE.

Una investigación de la organización Fault Lines analiza el impacto de la ley Dodd-Frank (EE.UU) que exige a las empresas que cotizan en bolsa publicar si utilizan minerales de conflicto del Congo. Según sus resultados, el sistema diseñado para ayudar a que Intel verifique su cadena de suministro es todavía deficiente.

 

En enero del año pasado, Brian Krzanich, director general de Intel, anunció que cada microprocesador que la compañía produjera en 2014 (y en adelante) sería libre de conflictos.

Krzanich dijo que la compañía estaba rastreando su cadena de valor desde la mina hasta la fundición para asegurar que las materias primas están libres de la influencia de grupos armados. Intel anunció en septiembre del año pasado que había fijado la meta de tener toda su línea de productos libre de conflictos para el año 2016.

Sin embargo, la investigación de Fault Lines revela que el sistema diseñado para ayudar a que Intel verifique su cadena de suministro es todavía deficiente. La evidencia de un fraude generalizado, el contrabando y la falta de supervisión arroja dudas sobre el compromiso de Krzanich.

“Para decir que algo es libre de conflictos, usted tiene que tener una presencia en esa mina 24 horas al día, siete días a la semana durante todo el año para poder decir con seguridad que no hay grupos armados que presionen a los mineros, y que los minerales no vienen de fuera y se mezclan”, dijo Dan Fahey, miembro del equipo de investigación de las Naciones Unidas en el este del Congo desde 2013 hasta 2014.

Grietas en el sistema

La motivación de Intel para investigar su cadena de suministro provenía de una resolución de la Ley Dodd-Frank. La Sección 1502 de la ley se propuso crear una medida de transparencia, exigiendo a las empresas que cotizan en bolsa revelar si sus productos utilizan minerales en conflicto.

La medida más conveniente por las empresas era simplemente dejar de comprar materiales del Congo, pero Intel informó a la Comisión de Valores de Estados Unidos que todavía está comprando tántalo y estaño allí.

Según datos oficiales, solo el 10% de las minas del Congo están certificadas como libres de conflictos. Nyabibwe alberga a Kalimbi, que fue la primera mina en el este de Congo en ser certificada, y hasta hace poco era parte de un proyecto piloto dirigido por varias compañías, incluyendo Intel, para probar que los minerales podrían ser rastreados desde la mina hasta el final del ciclo de consumo.

Pese a esto, la investigación revela que durante un período de siete meses a principios de año, agentes de control interceptaron 52 toneladas de estaño ilegal que estaba destinado a ser mezclado con minerales certificados en la frontera hacia Ruanda, donde sería etiquetado como libre de conflictos y exportados para su fundición.

En septiembre de 2014, una carta abierta escrita por un grupo de 70 líderes congoleños y expertos internacionales afirmó que cuatro años después de la aprobación de la Ley Dodd-Frank, muchas mineras en el Congo se habían visto obligadas a operar ilegalmente debido a la lentitud con la que el proceso de certificación se movía.

“Las empresas multinacionales como Apple e Intel están auditando las fundiciones y no las propias minas”, escribieron. “Como las fundiciones están fuera de la República Democrática del Congo y las auditorías no siempre se llevan a cabo por terceros, estos procesos plantean nuevas preocupaciones sobre si las certificaciones libres de conflicto reflejan las realidades de producción.”

Intel envió un comunicado en respuesta a las preguntas de Fault Lines sobre su cadena de suministro:

“Aunque reconocemos que no hay sistemas perfectos, nuestro equipo de ha viajado a cientos de diferentes fundiciones de todo el mundo”, decía. “Las visitas a las instalaciones han sido realizadas por el personal de Intel y a partir del trabajo directo con las fundiciones y refinerías para llevar a cabo una consulta de origen y determinar las fuentes del estaño, tungsteno, tántalo y oro contenido en nuestros productos. Durante estas visitas, el personal de Intel llevó a cabo la debida diligencia y observó y examinó la documentación para sacar conclusiones razonables sobre cada fundición o refinería”.