La Defensoría del Pueblo advierte que, pese al volumen y a tratarse de residuos con toxicidad, no existe un circuito formal de recuperación y disposición fina

Laura Rocha LA NACION
Los metales que contienen las pilas pueden generar daños neurológicos
Los metales que contienen las pilas pueden generar daños neurológicos. Foto: Silvana Colombo

Cada año 40 millones de pilas y baterías son descartadas en la ciudad de Buenos Aires, pero, a pesar del volumen, no existe un circuito formal de recuperación y de disposición final de estos elementos de variada toxicidad. Así lo revela un exhaustivo informe realizado por el flamante Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo porteña.

“En la Argentina el consumo de pilas es del orden de las 10 unidades por personas. Como los niveles de consumo en la Capital son superiores a los del resto del país, está en el orden de los 40 millones de unidades al año. Se registra también un incremento del consumo por habitante, que se duplicó en menos de una década hasta superar el kilogramo anual per cápita”, sostiene el trabajo.

La principal dificultad a la hora de afrontar una política respecto del tema es legal. Si pilas y baterías no son consideradas residuos peligrosos, no se genera un circuito obligatorio de recolección y disposición final.

“Hace falta una política pública para los residuos peligrosos en la ciudad. Lo que hoy existe es apenas un simulacro. Hay 35 lugares de recepción en todo el distrito y la entrega es voluntaria”, indicó Elio Brailovsky, docente e investigador en temas sociales y ambientales, al frente del observatorio que estará dedicado a elaborar informes y diagnósticos locales.

Las pilas y baterías primarias (no recargables) y secundarias (recargables) agotadas pueden afectar el ambiente si son dispuestas en forma incorrecta, debido a que contienen sustancias químicas con características de toxicidad. “Todas las pilas pueden ser recicladas con recuperación de materiales valiosos y casi el 90% de las pilas recargables es reutilizable si se trata debidamente. En la Argentina existen algunos operadores que están exportando baterías para su reciclado fuera del país”, señaló Greenpeace Argentina.

Efectos

Entre sus componentes las pilas y baterías tienen mercurio, plomo, cadmio, manganeso, litio, zinc y níquel. Estos metales pueden generar daños neurológicos y algunos están catalogados como cancerígenos. El mayor problema es que no se conoce cuál es el efecto del contacto constante. “Las leyes toman parámetros basados en un hombre de 70kilos, pero se desconocen los efectos sobre niños, bebes y adultos mayores, por ejemplo. Y tampoco se ha estudiado el efecto de la bioacumulación del contacto con varios metales pesados”, agregó Brailovsky.

Alejandro Amor, defensor del pueblo porteño, explicó: “Lo que estamos haciendo es abrir el debate para que se discuta el tema. La idea es proponer un proyecto de ley para que exista una normativa que proteja a los vecinos. Éste es el primero de los nuevos observatorios que estamos abriendo. Sabemos que habrá intereses contrapuestos, pero lo importante es que se plantee el problema”.

En la Agencia de Protección Ambiental porteña (APRA) respondieron que están trabajando en la cuestión. “Se han formalizado mesas de trabajo con las cámaras representantes de las empresas importadoras, en las que se consensuó trabajar sobre la base de un acuerdo de «responsabilidad compartida» para que todos los actores en la cadena de consumo y disposición de estos productos asuman un rol particular”, dijo Juan Bautista Filgueira, presidente del organismo oficial.

Y siguió: “En este sentido, se está acordando un circuito de logística inversa para la recolección de pilas y baterías de todo tipo usadas. Este sistema utilizará el mismo circuito de distribución inicial. Para esto, se están evaluando las mejores opciones operativas para que cada comercio de venta minorista de estos productos pueda recibirlos una vez agotada su vida útil”.

La propuesta de Brailovsky va un poco más allá: “Pensamos que debería generarse alguna recompensa, como una tasa, para incentivar que se devuelvan las pilas. La responsabilidad es del productor, del que genera el producto, que también es quien posee la tecnología necesaria para tratar esos residuos”.

Si bien el proyecto es porteño, las autoridades de la Defensoría del Pueblo esperan que sirva para replicarse a nivel nacional. Hace dos años, la ley para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos perdió estado parlamentario en el Congreso tras haber conseguido la sanción del Senado. “De acuerdo con un cálculo preliminar, las pilas y baterías de uso domiciliario que ingresan en el país superan las 45.000 toneladas anuales. Y aparece la cuestión de la obsolescencia programada, que hace que, cada vez con mayor frecuencia, se generen más y más de este tipo de residuos. Es necesario que hagamos algo”, agregó Bárbara Rossen, subsecretaria de Derechos Urbanos, Espacio Público y Medio Ambiente de la Defensoría, en cuyo seno funciona el observatorio.

En ese sentido, Brailovsky desalienta cualquier política de recolección de pilas informal: “Es necesario recordar que las pilas son residuos peligrosos y que estos residuos deben ser manipulados siempre por personal especializado, con los adecuados trajes de protección. Nunca por niños. Y el peor lugar para depositar residuos peligrosos es una escuela”. El experto se refiere a los casos de proyectos educativos que proponen juntar este material y recolectarlo en la escuela, ya que, de no existir quien lo retire, se puede transformar en un problema.