04.07.2016 | El último proyecto normativo perdió estado parlamentario pero genera nuevas expectativas un reciente diálogo abierto entre algunos legisladores y el Ministerio de Producción. Urge sancionar un marco regulatorio.
Por Mariana Badeni
“Creo que la gente se acostumbró a la idea de que si algo no funciona lo tiro. Todo esto genera la cultura de lo uso y lo tiro como si hubiera más objetos fácilmente accesibles. Esto responde a la obsolecencia programada que hoy las empresas aplican a sus productos. Es decir, reducen la vida útil de su producto para que rápidamente se convierta en basura.

Ahora uno pregunta qué pasa con las políticas públicas que le avisen al consumidor sobre cuánto le va a durar un producto eléctrico u electrónico. Así el consumidor tendrá un criterio sobre qué hacer con ese objeto. Me parece que hay que poner este tema sobre la mesa. Qué hacemos con esto de comprar algo que después se convierte rápidamente en un residuo”, explicó a La Prensa Antonio Brailovsky, docente e investigador en temas sociales y ambientales y titular del Observatorio Ambiental de la Defensoría del Pueblo porteña que estará dedicado a elaborar informes ambientales y diagnósticos locales.

En la Argentina, cada habitante genera en promedio 10,7 kilos de basura por año, algo más que el promedio mundial, que es de 7 kilos por año. De este porcentaje tres kilos corresponderían a pilas, computadoras, teléfonos, televisores, heladeras, lámparas o electrodomésticos que, por desconocimiento o desaprensión, terminan siendo descartados en la basura diaria o en la calle.

“Los aparatos eléctricos y electrónicos tienen un potencial muy grande como generadores de materia prima que puede ser vuelta a usar. Estos residuos cuentan con componentes que son un 25% reutilizables y un 72% de materiales reciclables”, explicó a La Prensa la ambientalista María Caminos. Dentro de este último grupo se pueden encontrar materiales como metales ferrosos, aluminio, cobre, oro, níquel, estaño, entre otros.

Luego agregó que “también hay un 3% de elementos potencialmente tóxicos como el plomo, mercurio, selenio, cadmio, cromo, arsénico y el amianto. Si a estos materiales no se les aplica un adecuado tratamiento pueden llegar a contaminar el suelo y el agua. Está probado que estos metales pueden generar daños neurológicos y algunos están catalogados como cancerígenos”.

En un reciente informe difundido por el Observatorio Ambiental a cargo de Elio Brailosvsky, se difundió que cada año 40 millones de pilas y baterías son descartadas en la Ciudad de Buenos Aires. Pese a este volumen aún no existe un circuito formal de recuperación y de disposición final para albergarlos.

En los últimos años, surgieron campañas dentro de las escuelas o barrios donde se promovía a los niños el acopio de pilas para evitar tirarlas en la basura. Sin embargo, los especialistas consultados alertaron sobre esta propuesta debido a que los objetos destinados a contener a estos elementos distan de estar preparados para aguantar la corrosiva acción de los materiales tóxicos.

“Una pila es un residuo peligroso que no se puede manejar en una escuela. Los niños son la peor solución para manejar residuos peligrosos sino que debe ser realizado por personal especializado con una tecnología aprobada por las autoridades como el Ministerio de Ambiente de la Nación”, enfatizó Brailovsky.

Luego agregó que “el que pone un producto en el mercado tiene que ser responsable de las consecuencias que se produzca. El tema es que se a engañado al consumidor haciéndole creer que son sus pilas cuando en realidad son del fabricante. En este momento hay un simulacro de responsabilidad empresaria que consiste en que en Ciudad de Buenos Aires haya 35 sitios donde se reciben las pilas, lo que significa uno cada cien mil habitantes. Y tendría que haber uno en cada kiosco, por ejemplo”.

RESPONSABILIDADES

Hace dos años, el último proyecto de ley para el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos presentado en el Congreso perdió estado parlamentario tras haber conseguido la sanción del Senado.

Por su parte Juan Carlos Villalonga, ex titular de la Agencia de Protección Ambiental porteña y actual diputado por el PRO, destacó la necesidad continuar dialogando para lograr esa norma tan anhelada.

“Esa iniciativa recogía otros intentos que llegaron a tener poco avance dentro del Congreso. Desde el año 2007 se comenzó a discutir la necesidad de que exista para la Argentina una ley de residuos electrónicos y diría con dos características. Primero atender a la necesidad de sacar del flujo de los residuos sólidos urbanos este tipo de residuo que puestos en un basural o relleno sanitario son tóxicos por los componentes que tienen. Y, además, son residuos que por sus compuestos a la hora de recuperarlos tienen muchos materiales valiosos.

La Ley iba a intentar alargar esa vida útil del producto y por el otro lado establecer un principio fundamental para este tipo de residuos que es la responsabilidad extendida al productor. Esto generaría que al colocar estos dispositivos en el mercado el fabricante tenga una responsabilidad más allá del día en que se vence la garantía y cuente con una logística inversa para recuperarlo y hacerse cargo del buen tratamiento del reciclado y recuperación de los materiales valiosos”, recalcó Villalonga.

Luego agregó que “a nivel provincial, algunos municipios realizaron iniciativas pero la falta de un marco regulatorio nacional obstaculizó una solución definitiva a esta problemática. La producción de objetos que se venden a escala nacional. Un producto importado que llegó a Buenos Aires y luego terminó en otra provincia será residuo de ese último destino. Para revertir esta situación comenzamos un diálogo con el Ministerio de Producción para que podamos tener un proyecto de ley para el segundo semestre. Sería la tercera y espero que la vencida. Estamos muy atrasados en esto”.

ECONOMIA CIRCULAR

La aprobación de una ley que rija el tratamiento de los residuos peligrosos electrónicos y eléctricos permitirá cambiar el actual paradigma de economía lineal, entendida como producir algo con materia prima que terminará siendo un residuo sin más utilidad, a uno circular, cuyo objetivo es el de reducir tanto la entrada de los materiales y la producción de desechos vírgenes, cerrando los flujos económicos y ecológicos de los recursos.
“Este principio es en el que esta basada en la normativa de Basura Cero que es reciclar y reutilizar. Un bien tuvo un valor comercial determinado pero también tuvo un valor ecológico más alto referido a su huella de carbono, la huella de agua, la energía que se uso para producirlo y transportarlo, etc, que no debe ser desaprovechada”, destacó a La Prensa Soledad Sede, coordinadora de la Campaña de Basura Cero de Greenpeace.

Por su parte Villalonga dijo que “algunas empresas hacen su reciclado en la Argentina pero como proyecto de voluntariado. Son empresas que a priori no se oponen porque si no tendrían una clara colisión con lo que sus casas matrices imponen. Toda esta recuperación tiene que ser una política que tiene que estar enmarcada dentro de una normativa nacional para implementar una sola logística de cómo hay que hacerlo. Es decir, cómo se paga su implementación; si hay un fondo común; y si cada uno se paga lo suyo, entre otros detalles. Todo eso a su vez debe contar con el Estado controlando que eso se haga bien y que se cumpla las metas de recuperación. No se puede decir que Argentina no tiene una ley de residuos electrónicos porque el sector empresario se opuso cuando fue porque no hubo voluntad política”.

Según los especialistas el cambio de paradigma hacia una economía circular generará nuevos puesto de trabajo. “Hay toda una nueva economía que puede crecer y que en vez de tirar algo obsoleto se lo puede recuperar y devolver al circuito económico. Esto generará una economía circular que es virtuosa donde la inversión dará empleo en un segmento que hoy existe que es la recuperación y el reciclado”