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Minería Urbana

En Argentina, las tarifas no están verdes

Por Sergio Federovisky, InfoBAE 23 de agosto de 2016

El debate sobre el tema de las tarifas de gas y electricidad cuenta con un telón de fondo que debería ser el contexto real de su configuración, pero resulta apenas un adorno discursivo: el impacto ambiental de la matriz energética de la Argentina y la presión ecológica que impone un modo dilapidador de consumir energía.

Un diputado de Cambiemos se desgañitó en un debate, en defensa de la política que impuso el Gobierno, al exigir “sincerar” las tarifas para estar a la altura de la demanda que impone una época signada por el cambio climático. Hay un vínculo indudable entre energía y medio ambiente, pero cuesta encontrar qué parte de los aumentos que dispuso el Gobierno integra el capítulo de una política de Estado en materia ambiental.

Dos son los aspectos centrales que relacionan la energía y el ambiente: la generación y el ahorro. En ambos, la Argentina se encuentra en el sótano de cualquier ranking por efecto del pasado reciente. Y, en ambos, la política observada hasta ahora por el Gobierno, que lleva nueve meses en el poder, tiende más a consolidar los males existentes que a modificar la dirección existente.

Claramente, el formato de una matriz energética en la que las fuentes verdes (eólica, solar y biomasa) ocupan menos del uno por ciento de la generación explica por qué la Argentina se constituyó en el segundo país de América Latina en generación per cápita de gases de efecto invernadero, apenas detrás de Venezuela. No obstante, salvo el anuncio de la convocatoria a una licitación de mil megavatios, muy similar a la que fracasó ruinosamente hace cinco años, nada hay que indique la voluntad de desplegar una política completa —no parcial ni dirigida a los enormes y concentrados jugadores de la megainversión energética— para hacer de la matriz energética de la Argentina una adecuada al siglo XXI.

“Sincerar” las tarifas, está claro en estos días, no necesariamente significa clarificar cuáles son los costos reales de generación de energía y, menos, poner el valor real a cada una de las fuentes de las que se obtiene. Precios oscuros, imposibilidad de financiación, falta de confianza en los compromisos de compra de energía por parte del Estado fueron, principalmente, los factores que hicieron que de los mil megavatios que se licitaron en 2009 para hacer de la Argentina un vergel de energía eólica y solar sólo se concretara el diez por ciento. La idea de la convocatoria actual va en una dirección parecida, aunque con un esquema más concentrado: que los grandes inversores apuesten a seguro con tasas de rentabilidad poco usuales.

Se suele decir, sin demasiado rigor: Argentina tiene mejores vientos que Dinamarca (o que Alemania o que España o que Uruguay) y, sin embargo, ellos tienen el 30% —mínimo— de su energía de origen eólico. Al margen del nacionalismo berreta que supone considerar que, al igual que la avenida más larga, tenemos los vientos más fabulosos del globo, lo cierto es que esos países —a los que podemos agregar Costa Rica (44% de energías limpias) o Nicaragua (36%)— no obtuvieron esos resultados por casualidad. La estrategia no supuso apenas ofrecer jugosos retornos a las multinacionales del rubro, sino que consistió en apostar a que las energías renovables capturasen el mercado que antes ocupaban las de origen fósil —casi siempre importadas en esos países— o la nuclear, discontinuada después de Fukushima en todo Europa.

¿Hay en la Argentina voluntad de adoptar esa decisión? Porque en tanto y en cuanto la apuesta y la cultura sostengan el apego —y la posición dominante en el negocio— de las fuentes fósiles, lo demás seguirá siendo seguramente testimonial. Los molinos eólicos o los paneles solares no crecen porque se los riegue o porque simplemente se sostenga en un eslogan que es la salvación del planeta.

Un elemento complementario que todos los países exitosos en este aspecto han desarrollado para modificar sustantivamente la matriz energética es el del autoconsumo: estimular que hogares o emprendimientos productivos inviertan en producir su propia electricidad. Sólo en 2015, en Alemania, crecieron un 35% las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, en un país cuya potencia solar es equivalente a un tercio que la Argentina. Así se explica que en Alemania la contribución de las energías renovables al suministro eléctrico pasara del 6% al 30% en sólo una década.

El “secreto” para motivar el autoconsumo no es el de editar avisos de televisión diciendo qué bonito sería que cada uno tenga en su casa un calefón solar. El elemento que permite que en algunos países (más pobres que la Argentina muchos de ellos) el 20% de toda la energía que se consume sea producida individualmente es la promoción real del Estado (con subsidios o créditos blandos) y la opción de entregar a la red los excedentes para amortizar las inversiones.

Aquí eso ni se discute.

Además de la generación, que debería conducir a modificar una matriz energética propia de la década del cincuenta del siglo pasado, la segunda cuestión ausente en toda política pública en la Argentina es la del ahorro.

Promover el ahorro de energía o, si se quiere, desalentar y hasta castigar el derroche, es una política pública energética y al mismo tiempo ambiental. Y como tal no supone apenas un eslogan, una campaña publicitaria o un reto a quienes no apaguen la luz mientras no la usan, sino una política integral promovida por el Estado. Para ponerla en marcha, por ejemplo, sería interesante, además del consejo fraternal de un gobernante, tener una ley nacional de eficiencia energética.

Llamativamente, la recomendación del ahorro, en tanto sólo apunta a la conciencia individual, tiene como blanco el uso doméstico de la energía, que en volumen está por debajo del sector industrial y de transporte, sobre los que no existe ninguna política formal eficaz de premios y castigos para el ahorro energético.

Pero aún cuando se intente fomentar el ahorro en el sector domiciliario, la forma no es exigir a la gente que apague la estufa o el velador: los países con políticas públicas de mediano plazo promueven, por ejemplo, normativas de construcción que hacen las casas mucho más eficientes energéticamente. Si se estableciera que las nuevas construcciones en las ciudades contaran, por citar un solo caso, con doble vidrio o determinado tipo de aislamiento, la demanda sobre la calefacción y el aire acondicionado no dependería apenas de la voluntad del dueño de casa.

En la Argentina no hay un plan nacional de ahorro de energía, por lo que no hay metas, ni programas. Pero, además, el Estado, como estamos acostumbrados, no educa con el ejemplo: el plan de eficiencia energética en edificios públicos está discontinuado, por lo que el sector público gasta un 25% más de lo que podría gastar en un plan de ahorro de energía. Del mismo modo, no hay seguimiento del cambio de luminarias por lámparas led de bajo consumo en las ciudades, ni planes de estímulo a la eficiencia energética industrial, ni capacitación a las empresas para el ahorro energético, ni programas de eficiencia energética en la construcción, ni programas de eficiencia energética en el transporte.

Sólo hay un reto a quien deja una lamparita encendida.

El autor es biólogo, periodista ambiental, responsable de Medio Ambiente del Frente Renovador.

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