(Infotechnoloy) EL RECAMBIO TECNOLÓGICO ¿LO IMPULSA LA INNOVACIÓN O LAS GANAS DE VENDER MÁS Y MÁS? LA VISIÓN DE LOS EXPERTOS Y LAS EMPRESAS.Por Matías Castro – 29 de Mayo 2017

¿Es cierto que los productos de tecnología se fabrican para romperse?

 “Pero si mi Smartphone con tapita tenía mejor batería”, piensan algunos. “Lo podía tirar contra una pared y seguía andando lo más bien”, recuerdan otros. Las cosas ya  no se hacen como antes, dicta la sabiduría popular, cuando todo estaba pensado para durar muchos años. Hoy parece que la regla que rige la producción y el diseño es la  innovación y la celeridad, pero no se presta atención a la usabilidad en el tiempo. En épocas de apresuradas innovaciones es legítimo preguntarse qué papel juega la sustentabilidad funcional en un ambiente donde la dicotomía es innovar o morir. De acuerdo a una investigación de Cisco e IMD Digital Vortex Research, en los próximos cinco años la disrupción digital desplazará un 40 por ciento a las tecnologías ahora existentes, que pasaran al cajón del olvido junto con otras tecnologías obsoletas. Lo que, a su vez, invita a desechar esa misma tecnología inservible. De acuerdo a los datos del reporte Crímenes del Desecho elaborado por el Programa Medioambiental de Naciones Unidas, hasta 50 millones de toneladas de desperdicio electrónico –en particular computadoras personales y teléfonos inteligentes– van a pasar a ser parte del paisaje de los basurales alrededor del mundo durante el 2017.

La rapidez de recambio tecnológico podría bien ser síntoma de un saludable entorno de innovación que acoge a la tecnología en la sociedad, que puja por encontrar más y mejores soluciones, pero por otro lado un visión pesimista podría entenderlo como consecuencia de la filosofía corporativa de presentar productos con vida útil cada vez más acotada pensando siempre en la venta de la próxima versión. ¿Se crean los bienes tecnológicos con una vida útil artificialmente planificada para encajar mejor en un mundo de consumidores hambrientos por novedades?

Un poquito más nuevo, un poquito mejor y un poquito antes

La hipótesis de que los productos de la industria y la manufactura deberían tener una vida útil vinculada a su consumo antes que a las posibilidades técnicas es de larga data. Durante la depresión norteamericana en la década de 1930, el bróker del Real State, Bernand London, publicó un célebre artículo titulado “Terminar la depresión a través de la obsolescencia programada” en el cual emitió una señal de alerta respecto a la nueva economía norteamericana: demasiados productos y pocos consumidores con poder de compra. La idea de London consistía en reemplazar periódicamente los bienes y capitales del país para estimular la economía y virtualmente desterrar el desempleo de la nación.

Fernando Peirano, economista UBA

Hoy entendemos la obsolescencia programada como “la estrategia empresarial donde se acorta deliberadamente el ciclo de vida de un producto con la intención de revitalizar la demanda. Es el lado patológico del cambio tecnológico y, en algunos casos en ciertos países, constituye un delito, por ejemplo, cuando se trata de compras públicas. Podría ser en parte interpretado como parte de un fraude o de un abuso de confianza”, explica Fernando Peirano, economista, especialista en Innovación y Desarrollo, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Según la palabra del experto, la práctica de la obsolescencia planificada emerge sólo en determinados contextos. “Se da en los mercados de bienes durables y para que esta estrategia se despliegue se necesitan dos ingredientes: una oferta con una estructura oligopólica, donde pocos jugadores impongan reglas o dinámica y una marcada asimetría de información, es decir, cuando el comprador no tenga forma de verificar por sus propios medios las condiciones técnicas de los bienes”, desarrolla Peirano.

“Ejemplos extremos los encontramos cuando un bien de uso se diseña con un talón de Aquiles; una pieza que deliberadamente tiene la cualidad de hacer inservible a todo el artefacto y que el fabricante puede determinar que tenga una vida útil más corta que el resto del equipo. El uso de baterías que no pueden cambiarse podría ser un ejemplo de esto. Incorporar un chip que cuente las horas de uso de una lámpara de bajo consumo o el número de copias de una impresora o de una fotocopiadora”, ejemplifica el académico. Pero no es tan sencillo ponerse de acuerdo respecto a este fenómeno. De hecho, para Caren Kalafatich, abogada por la Universidad Nacional del Litoral especializada en derecho al consumidor y miembro de la Asociación Civil de Usuarios y Consumidores Unidos  “no hay una definición concreta de obsolescencia programada, la Unión Europea tiene una, Francia tiene otra de la mano del Centro de Defensa al Consumidor y en la academia depende del autor y el enfoque. A mí me parece más útil hablar de elementos que caracterizan la práctica.

Por ejemplo que sea un hecho comercial deliberado y planificado, que exista una muerte o inutilidad rápida del producto; ya sea técnica por falta de repuestos o abandono comercial, y por último en que se convierte al consumidor en usuario cautivo; o bien porque no hay servicio técnico o no existe el repuesto o bien porque la reparación es más cara que un nuevo modelo”.

Le pasó al amigo de un amigo

Pero más elocuente y explicativo que las definiciones enciclopédicas resultan los casos de la vida real. En el 2001 salió al mercado un disruptivo producto de Apple, el reproductor de música iPod. Si bien un éxito en ventas, presentó varias problemas en relación a la batería en una gran cantidad de usuarios. Debido al descontento generalizado, se entabló una class action en contra de Apple  en un caso que vino a denominarse Andrew E. Westley v. Apple Computer Inc. La situación era que, por un lado, la publicidad de Apple podía ser engañosa, ya que comunicaba con mucho entusiasmo que con un tamaño tan pequeño el iPod (con una capacidad variable de entre 10 y 40 GB) era capaz de reproducir una nueva canción al día durante los próximos 27 años. Y por el otro que cualquier intento de manipulación del producto resultaría en una revocación de la garantía. Por lo que la batería no sólo no duraba lo suficiente sino que era imposible de reparar.  Apple consideró que era más beneficioso llegar a un acuerdo con los demandantes, y el tema se dio por terminado en el año 2005.

Mientras tanto, en el vecino país de Brasil, en el año 2013 la compañía de Jobs y Wozniak volvió a tener problemas cuando Leticia Soster Arrosi volvió de un viaje al Uruguay y se encontró con la poco grata sorpresa de que el sistema operativo iOS que alimentaba a su iPhone 3G no soportaba la ejecución de las aplicaciones instaladas en el Smartphone. La damnificada intentó volver a instalarlas, pero Apple la anotició de que el sistema operativo debía ser como mínimo la versión iOS 4.3 para correr el software correctamente. El iPhone era un modelo obsoleto y la única alternativa para la consumidora, a efectos de seguir utilizando las funcionalidades que le entregaba anteriormente su Smartphone, era adquirir un modelo superior (iPhone 4, iPhone 4S, o iPhone 5). La Justicia brasileña falló a favor de la demandante respecto a una violación de la compañía del artículo 32 de la ley de Defensa al Consumidor que impone la obligación de los fabricantes e importadores de proveer repuestos y piezas de reposición mientras exista la fabricación o importación del producto, e incluso cuando dicha fabricación o importación haya cesado, la oferta de dichos repuestos debe mantenerse por un período de tiempo razonable. Apple no podía dejar de proveer soporte a un producto al menos por los tres años siguientes a la comercialización original. La compañía intentó, prematuramente, volver obsoleto a su modelo. Sin embargo, en ambos casos el conflicto se dirimió apelando a las reglamentaciones de defensa al consumidor.

Karen Kalafatich, abogada

“Cuando sucede un caso de obsolescencia programada, el problema se suele presentar como cualquier cosa pero menos un caso de obsolescencia. La defensa al consumidor, una organización no gubernamental, la defensoría del pueblo, un abogado… nadie va a encausarlo de esa manera. Eso hace que el mundo académico no le preste atención y la Justicia tampoco. Pero yo en mis investigaciones encontré casos que cuadran dentro de lo que sería una práctica de obsolescencia programada pero en los fallos no aparece esa carátula, ni siquiera el término aparece”, se lamenta Kalafatich. La especialista recuerda particularmente dos casos con talante nacional. “Uno en Mendoza contra Blackberry y otro contra Claro por la venta de iPhones. En este caso son empresas internacionales que fabrican por fuera de la Argentina e introducen productos mediante importación, pero que no tienen servicio técnico adecuado en la Argentina y por lo tanto no lo garantizan como tampoco al stock de repuestos. Esto constituye una violación del artículo doce de la Ley de Defensa al Consumidor, que es similar al treinta y dos de Brasil, que versa sobre la disponibilidad de un servicio técnico adecuado”, desarrolla la abogada. “Algunas empresas de aquí creen que basta con incluir un manual en español y eso fue lo que hicieron. Pero no basta. Hay que capacitar operadores para la reparación de un iPhone o un Blackberry.

En estos casos se condenó solidariamente a la comercializadora, Claro, y la importadora o fabricante que es Blackberry o Apple a reponer los  equipos. Y empezaron a hacerlo no por gusto, sino porque fueron condenados a hacerlo en una causa colectiva”, concluye la licenciada.

Hechos y razones en el mundo de la obsolescencia

¿Podría ser que acaso se trate de un problema específico de una compañía, un fabricante o un retailer? Vale cuestionarse si esto es una práctica que atraviesa a todas las industrias de tecnología y en particular a todos los rubros y productos. Por el momento, se sabe que la Umweltbundesamt, la Agencia Ambiental de Alemania, realizó un estudio sobre sus consumidores para intentar averiguar por qué cambian sus productos, tratando de echar algo de luz sobre la relación entre obsolescencia programada y prácticas comerciales para aumentar ventas. La conclusión fue, según los propios investigadores, “notable”. No se encontraron evidencias concluyentes sobre compañías individuales entablando prácticas de acortamiento deliberado de la vida útil de sus productos, no obstante, la institución Öko-Institut que llevo a cabo el relevamiento, encontró un aumento “significativo” en la cantidad de productos que necesitaban alguna reparación o cambio. El número pasó de 3,5 por ciento en 2004 a 8,3 por ciento en 2012. Otro hecho destacable de la investigación es que un tercio de las compras por recambio de electrodomésticos eran motivadas “por el simple deseo de tener el próximo modelo” aunque el actual funcionase bien. ¿Son estos updates tecnológicos una tendencia que  se agota en tierras alemanas?

En nuestro país las tasas de recambio son variadas. Los analistas concuerdan en que los hábitos de consumo pueden divergir bastante de país a país, tanto por cuestiones de idiosincrasia y cultura como por posibilidades económicas. “Del lado de los dispositivos móviles los usuarios lo sienten como propios y entablan una relación de identificación. Eso genera una necesidad de cambio”, explica Alejo García Vitore, gerente de producto de Hewlett Packard. “En el caso de las impresor no se cambia con tanta frecuencia. Una televisión se cambia solo si se rompe o hay una innovación disruptiva”, agrega. El número mágico para el mundo de las impresoras es de tres a cuatro años en promedio. “Desde lo corporativo, la industria está pasando  de lo transaccional al servicio. Las empresas no quieren más activos, quieren un servicio que les asegure actualización tecnológica con un solo proveedor para poder ahorrar costos de planificación en la gestión de la compañía. Los equipos suelen cambiarse cuando se renuevan los contratos de prestación, cada tres años, porque hay muchos temas de seguridad en los puertos de las impresoras”, desarrollan desde HP.

“Entre un año y dieciocho meses”. Eso es lo que le dura un smartphone a un argentino según Juan Pedro Andrade, gerente de marketing para LG. El especialista explica que “más de un tercio de los usuarios cambia de celular por alguna urgencia. Por ejemplo que se rompa o sea robado. Pero también muchos lo cambian con frecuencia porque quieren las nuevas prestaciones que consumen más batería y los equipos más antiguos no pueden lidiar con eso”.  Desde LG también brindan un caso testigo del vertiginoso ritmo de renovación de tecnología. Los televisores clásicos, que funcionan a tubo, estuvieron en el mercado durante muchos años e iban mejorando paulatinamente sus prestaciones. Sin embargo, “ahora el recambio de televisores es cada siete u ocho años. Según nuestros datos de entre los televisores LCD, LED y SmartTV, lo que más crece es este último, los demás van quedando rezagados”, explica Andrade. Esto quiere decir que la tecnología que suplantó definitivamente a los televisores de tubo gozó de su lugar de privilegio en el mercado por un tiempo considerablemente menor a su abuelo tecnológico.

Desde Motorola se muestran, tácitamente, escépticos de la cuestión de la obsolescencia tecnológica. “Buscamos a través del software darle más tiempo de uso al hardware. Las nuevas versiones de Android por caso logran que el hardware tenga más rendimiento, tanto en memoria como en batería”, relata Germán Greco, gerente general de la compañía. Su línea Moto Z, un celular modular, parece contrariar la idea misma de planificación de la obsolescencia.También se quieren diferenciar en cuestiones de software, según Greco, “estamos en un camino distinto que Apple. Apostamos a un sistema operativo abierto como Android que permite brindar diferentes contenidos al usuario y una conexión sencilla a periféricos. Nos permite estar en la vereda de enfrente y atacar otro nicho”. Modelos en pugna.

Mirada a futuro (y presente)

“La tendencia es a reducir continuamente los ciclos de vida de los productos. De otra manera no se podría nunca lograr los objetivos de las empresas de vender más unidades cada año en mercados ya saturados. Cada vez es menos frecuente la reparación de productos. Los productos en general no se diseñan para que sea fácil la reparación, la cantidad de información técnica y repuestos que ofrecen los fabricantes es cada vez menor”, quien pinta este panorama sombrío es Victor Liste, ingeniero por la Universidad de Buenos Aires y fundador de la empresa de automatización IRBS .

Victor Liste, ingeniero

Pero no son todas pálidas, el ingeniero suaviza su visión explicando que “hay casos donde el cambio de producto está más que justificado por las mejoras de la nueva versión. Un smartphone es superador de un celular común y mejora la productividad y eficiencia si está bien usado. En otros casos actualizar productos tiene beneficios ecológicos. Por ejemplo, cuando se renueva un aire acondicionado por otro que consume la mitad de la energía y brinda la misma potencia de enfriamiento”. Pero inmediatamente agrega que “nada impide que estos nuevos productos superadores se fabriquen para ser durables y reparables. Eso es lo que está faltando en muchos casos. Hay quienes dicen que esto no tiene sentido porque antes que se rompan surgirán tecnologías más eficientes, pero nada asegura que esto ocurra, y de hecho, se observa que muchas veces el cambio de producto sólo se realiza por la imposibilidad de repararlo a un precio lógico”.

En efecto, el fenómeno de la obsolescencia no aparece en un vacío económico y social. Se desarrolla y modifica en relación con el entorno corporativo donde se encuentra. Un claro ejemplo es el software. “Cada vez más, se impone el modelo de negocio de software como servicios (SaS). Entonces, las estrategias de los grandes fabricantes se mueven: de la obsolescencia programada y el reclamo por la compatibilidad con versiones anteriores pasamos a un terreno donde estar registrado nos permite acceder a actualizaciones casi diarias. Así la relación entre las empresas y los consumidores cambió completamente y ya no tiene sentido que nos estimulen a renovar nuestro paquete de software”, detalla Peirano, economista especialista en desarrollo e innovación.

Un jugador de peso que no puede seguir pasando desapercibido es el sector público, que es quien a fin de cuentas puede marcar algunas de las reglas de juego. “El Estado debe mitigar los efectos que da lugar las estructuras de mercado oligopólicas. Una de esos efectos no deseados es la obsolescencia programada. Puede velar por reducir las asimetrías de información, por ejemplo, obligando a certificaciones técnicas a cargo de organismos público o independientes de los fabricantes”, dice el economista, y agrega que “la asimetría de información no es algo que sufre solo el consumidor. Los Estados son organismos muy grandes y complejos y las compras de tecnología pueden llevar una parte muy importante de sus presupuestos”. Sin embargo, este no ha sido siempre el caso. Vale tan solo recordar el Plan Canje Automotriz de 1995 que vino a poner paños fríos en la economía local golpeada por el efecto tequila: se ofreció un bono de 4000 dólares a cambio de autos de más de 10 años.

El bono podía ser usado para cubrir el 20% apropiadamente de la compra de un auto 0 Km de fabricación nacional. Así se destruyeron más de 25.000 unidades, con un costo fiscal de 50 millones de dólares y un parte simular a cargo de las empresas automotrices y concesionarios. Sin ir a épocas lejanas, el Plan Renovate, del año 2015. Descuentos del 25 por ciento en toda la línea blanca  (heladeras, lavarropas y aires condicionados) si se entregaba un equipo usado. La política apuntaba a mejorar el perfil de eficiencia energética del rubro. Los nuevos equipos debían tener una eficiencia energética de grado A. Y también estimular la fabricación y las ventas. “Hay que tener lograr un equilibrio delicado: no conviene desalentar la competencia y la incorporación de novedades, obstaculizar la innovación”, dice el economista de la UBA.

Mano a mano

¿Quién tiene que dar primero el brazo a torcer, productores o consumidores? “Es un poco de todo. Los fabricantes inducen y los consumidores convalidan. La conducta cultural de la construir la identidad personal a partir de que consumimos no la inventan los fabricantes, por más oligopólica que sea su posición de mercado. Si pueden exacerbarla, pero es un juego que también encierra su riesgo para ellos”, piensa Peirano. La especialista en consumo y marco legal, Kalafatich, no es tan optimista. “En Argentina no hay casi  nada respecto a esto. No hay doctrina, no hay jurisprudencia. Al investigar la región y países de habla hispana aparece alguna cosa suelta en España, otra en Colombia, algo en Alemania. El único que realmente está avanzado en la temática es Francia”, dice.

La falta de reglas claras en materia legal empantana el terreno y no permite avanzar en una legislación que la misma sociedad va a demandar tarde o temprano. “En los fallos es difícil de identificar porque todo entra bajó el rótulo de garantía. Nuestra legislación prevé un tiempo muy corto de seis meses para productos y tres meses para servicios. Pero los problemas suelen surgir cuando ya pasó el plazo. A nivel internacional la tendencia es otra, es llevarlos a dos o tres años para que las empresas garanticen un mínimo de vida útil. Las empresas no quieren que se visibilice el problema porque entonces se podría legislar y eso les generaría costos que no quieren cubrir”, expone la abogada. Kalfatich actualmente está preparando este tema para debatirlo con sus pares en Brasil, en el marco del congreso de la Asociación Internacional de Ley del Consumidor. Su idea es “crear un foro regional para estudiar las prácticas de obsolescencia desde un punto de vista latinoamericano.

Porque nuestra realidad es diferente a la europea, en los últimos años los gobiernos de la región usaron como motor de crecimiento el consumismo y eso generó políticas de crédito muy agresivas como el Ahora 12”, dice la abogada, que agrega que eso genera gran cantidad de producción que no tiene un marco respecto a su obsolescencia. “Ahora el tema se debate más que nada en términos ecológicos, porque la obsolescencia prevé un abuso de los recursos ambientales por un lado y por el otro genera muchos desechos que son difíciles de tratar. La idea es tratar el tema desde el punto de vista del nuevo Código Civil que prevé la figura de consumo responsable”, dice la experta.

“La única forma de avanzar en la regulación de este tema es a través del soft law es decir a través de instrumentos normativos internacionales que marquen un poco la línea de acción a los Estados”, confirma la letrada. Esto es lo que se hace hoy en Europa. Se proponen cursos de acción a través de resoluciones que no obligatorias, pero que sirven de pauta. La posibilidad que se baraja hoy en el Primer Mundo es ir por la vía positiva y generar obligaciones en la línea del etiquetado ambiental y exhibición de garantías de durabilidad y usabilidad. Mientras tanto, la arena se mueve por el reloj y los mercados demandan innovación pero también consistencia. ¿Quedará este debate obsoleto o perdurará mucho tiempo?