(Misiones On line) El proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Gestión Integral de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) presentando por el senador nacional Juan Manuel Abal Medina (expte. S-104/17) es el único que está en la actualidad para su tratamiento en el Congreso Nacional.  La iniciativa está para el debate en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación, pero la agenda política y la coyuntura siempre hace que se postergue su tratamiento para atender los temas del día a día, postergando los temas estratégicos para el país. Por otro lado, tampoco la sociedad exige activamente políticas ambientales que den solución sobre esta problemática ambiental y, por ende, en el país aún es materia pendiente gestionar en forma sostenible los residuos electrónicos, desarrollar las capacidades tecnológicas y humanas para su separación, reciclaje y disposición final segura.

Así quedó expuesto el sábado 10 junio, en el 2do Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los Residuos Electrónicos que se realizó en Posadas, organizado por Misiones Online.net y ArgentinaForestal.com con el apoyo de la Municipalidad de Posadas, AESA Misiones, Aguas de las Misiones y el INYM.

En la oportunidad, el Lic. Pablo Mesa,  asesor y redactor de la iniciativa legislativa presentada por el senador Abal Medina, biólogo y especialista en gestión ambiental, con experiencia profesional en el   ámbito privado y función pública, se refirió a los principales artículos de la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Gestión Integral de RAEE” que proponen

Su charla se dictó, tras la conferencia de Gustavo Fernández Protomastro, especialista que se refirió al escenario global, nacional y regional y los desafíos para avanzar hacia una economía circular con los residuos electrónicos, donde quedo expuesto que urge en la Argentina avanzar con liderazgo político el marco jurídico para atraer inversiones y avanzar en una vida más sustentable para las generaciones futuras.

“Es una realidad que los equipos electrónicos mejoran nuestras vidas, permiten una mayor conectividad, productividad laboral, comodidad, climatización, iluminación, salud, seguridad y acceso a la información. Cada vez somos más dependientes y consumidores de las nuevas tecnologías, y es algo que sin dudas nos acompañará con un incremento exponencial. Este crecimiento en la demanda y la producción de todo tipo de aparatos y dispositivos, va de la mano con ciclos de vida cada vez más cortos de dichos productos, lo que se denomina la obsolescencia programada. La tasa de generación de residuos electrónicos también crece en forma exponencial, pasando de menos del 0,5% de los residuos en rellenos sanitarios a cerca del 2%, en el mejor de los casos. Cada argentino desecha por año 4 kg de RAEE, y entre los 40 millones de conciudadanos generamos unas 160.000 toneladas/año”, detalló Mesa.

El profesional explicó que, a diferencia del resto de los residuos domiciliarios, los RAEE están manufacturados con una mayoría de metales, plásticos y diversos polímeros que pueden (y deben) ser reciclados como insumos de nuevos procesos industriales. Pero también, contienen pequeñas concentraciones de sustancias riesgosas para la salud y el ambiente, cuando no son recuperados, reciclados o tratados. Entre ellos, se destaca los  metales pesados como plomo, mercurio y cadmio; y otras sustancias, que al ser liberadas de sus estructuras originales pueden reaccionar como corrosivas, tóxicas o cancerígenas.

Con el proyecto de Ley buscan crear una nueva categoría en la gestión de residuos que maximice la tasa de aparatos o dispositivos recuperados o reciclados como insumos de nuevos procesos industriales; a la vez que se minimiza la disposición en rellenos sanitarios. “En la cuestión de la gestión de los RAEE, todos los argentinos somos parte del problema y, por ende, todos somos partes de las soluciones alternativas de gestión. Todos somos generamos de los RAEE. Al final de su ciclo de vida, o cuando decidimos su recambio, todos desechamos RAEE en nuestros hogares, oficinas, industrias o comercios”, remarcó.

El mercado de recuperación y reciclado esta aún en una etapa embrionaria en el país. Frente a este escenario, Mesa marcó como “imperioso tomar este tema” y aseveró que es “una ventaja estratégica” este momento del país para el tratamiento del proyecto y discusión de la Ley, ya que aún el volumen de basura electrónica que se genera “no tiene un registro histórico tan voluminoso, como sí se estima lo será a futuro. Estamos frente a una oportunidad única para arrancar bien preparados, y donde todos deben ser parte de la solución, iniciando el proceso”, dijo.

La ley presentada en la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación establecería los Presupuestos Mínimos de protección ambiental, en los términos de lo prescripto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) y de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en todo el territorio de la Nación. “El objetivo es proteger el ambiente y la salud humana de la contaminación generada por los RAEE a través de la promoción de la prevención de su generación y de su reutilización, valorización, tratamiento y la minimización de su disposición final”, indicó Mesa.

En la actualidad, los residuos electrónicos se rigen en el país bajo la Ley de Residuos Peligrosos, generando muchos grises y trabas para un manejo y reciclaje de los equipos cuando pierden su vida útil y deben ser desguazados para su tratamiento y recuperación, como también para el costo de su logística, ya que restringe su traslado sobre determinadas jurisdicciones ante las normativas vigentes.

Los RAEE “necesitan” un marco jurídico propio

En la entrevista con ArgentinaForestal.com, el profesional explicó por qué es necesario separar de la Ley de Residuos Peligrosos los RAEE con una ley específica para su gestión en la Argentina: “mientras los residuos electrónicos estén inalterados, las pequeñas concentraciones de sustancias peligrosas se encuentran contenidas en plaquetas y demás componentes y no afectan ni el ambiente ni la salud; pero si resultarían peligrosos si entran en contacto con agua o materia orgánica por ejemplo cuando se tiran a los basurales, generando contaminación al ambiente y poniendo en riesgo la salud de las personas que estén en contacto con ellos”, respondió Mesa.

En esta línea, explicó que “lo que propone el proyecto de ley es que para su etapa de trasporte, el interjuridiccional sobre todo, no sea considerado residuo peligroso (siempre que se mantengan los equipos enteros y descontaminados). Esto permitirá mayores posibilidades de tratamiento ya que en todas las jurisdicciones del país no existen plantas que puedan absorber y tratar a los RAEE”, dijo.

Este concepto fue reforzado por Gustavo Protomastro, ya que consideró que es necesario separar de la Ley de Residuos Peligrosos a los RAEE : “estos son una corriente específica de residuos que, si bien tienen algunos componentes peligrosos tales como mercurio o cadmio, la mayor parte del los mismos se pueden reciclar a través del recupero de piezas y/o repuestos, así como el recupero de materia prima como hierro, cobre, aluminio, plomo y hasta oro y plata. Pero como todos los 43 millones de argentinos generamos residuos electrónicos en nuestros hogares, oficinas y puestos de trabajo, lo clave para maximizar la tasa de reciclaje de las 160.000 toneladas que por año se desechan en el país, debemos generar una “logística reversa”, esto es, llevar desde el punto de descarte hasta las planta de reciclaje estos materiales”, apuntó al foco del problema el experto.

“En caso de ser residuos peligrosos, su logística sería muy costosa (5 o 6 veces más por las medidas de seguridad en los servicios de logística). Entonces, se necesita una Ley que considere a la TV, a la computadora o la heladera usada como un aparatos electrónico hasta que dentro de una planta fuera desguazada. Recién allí sí se retiran pilas, baterías, tubos de rayos catódicos u otros elementos que requieren una tratamiento especial, mientras que más del 90 % restante puede ser insumo de nuevo procesos productivos. Eso se llama economía circular, usar desechos para fabricar otros o como fuente de piezas y repuestos, bajando así la tasa que se manda a disponer en rellenos sanitarios”, indicó en la entrevista el profesional.

EL CAMBIO: LA RESPONSABILIDAD EXTENDIDA AL PRODUCTOR

Durante su exposición, Pablo Mesa detalló que la normativa propuesta apunta a promover y regular la reducción de la peligrosidad de los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE); impulsar y supervisar el desarrollo de sistemas individuales y colectivos de gestión de RAEE con el principio rector de la Responsabilidad Extendida del Productor, que ya está instalado a nivel internacional.

Se entiende por productor al importador, fabricante, distribuidor o comercializador de estos equipos electrónicos y eléctricos.

 

Con la ley, además, se apunta a facilitar los esquemas de acopio temporal y de logística jurisdiccionales; así como el movimiento interjurisdiccional de los RAEE para maximizar los objetivos de volúmenes gestionados, transportados, tratados, valorizados o reciclados; también promoverá el desarrollo de tecnologías para la reutilización, el reciclado y otras formas de valorización de los RAEE; y buscará mejorar el comportamiento ambiental de todos aquellos actores que intervienen en el ciclo de vida de los AEE desde su diseño y producción hasta la gestión de sus RAEE en la etapa de post-consumo.

 

“Los equipos electrónicos rodean la vida cotidiana de las personas, y esto aumentará en el futuro. Hoy hay en promedio 4 kilos por año de residuos electrónicos por persona en la Argentina, y en la actualidad se siguen tirando, o ir a un relleno sanitario, se queman  o terminan en un basural a cielo abierto. Eso implica que en promedio hay unos 160 mil toneladas anuales de residuos que hay que tratarlo. Esto es lo que hay que cambiar, hay una necesidad imperiosa de tomar el tema y darle un tratamiento a los RAEE”, dijo Mesa, coincidiendo con la estimación con Protomastro.

 

“Si están los equipos enteros, no pasa nada. Pero cuando estos electrónicos pierden su vida útil y pasan a ser “basura”, son arrojados y al tomar contacto con el agua o el suelo, se dispersan, generando contaminación. Sus componentes pasan a ser sustancias peligrosas que hay que tratarlas, son tóxicos, nocivos para el ser humano y para el ambiente”, aclaró.

 

En este sentido, manifestó que “el proyecto de Ley tiene por principio tomar el piso, establecer un Presupuesto Mínimo, marcar el umbral de gestión para todo el territorio nacional, con el principio de responsabilidad extendida al productor o fabricante, importadores, comercializadores, etcétera. Este es quien debe hacerse cargo cuando el equipo pierde su vida útil”, recalcó.

 

El rol de los generadores

 

Del artículo 3 hasta el 6 del proyecto, se establecería el rol de los generadores de RAEE. Para los grandes generadores, indican que deberán desprenderse de sus RAEE a través de los mecanismos establecidos en cada jurisdicción. Los pequeños generadores tendrían el derecho a desprenderse de sus RAEE en forma gratuita, pudiendo hacerlo de las siguientes maneras:

  1. a) En el acto de compra de un AEE, entregar un RAEE de tipo equivalente o que realizara funciones análogas a las del AEE que se adquiera;
  2. b) Depositar sus RAEE en cualquiera de los sitios de recepción de RAEE que se establezcan y/o bajo las modalidades que implementen las autoridades de aplicación de cada jurisdicción, en el marco de la presente ley;
  3. c) Entregar sus RAEE a reutilizadores sociales.

 

Los productores de RAEE, en localidades con una población superior a los 10.000 habitantes, si son  pequeños generadores, tendrán prohibido desprenderse de sus RAEE disponiéndolos como residuos domiciliarios no diferenciados.

Para el caso de localidades con una población menor de 10.000 habitantes, las autoridades de aplicación locales podrán optar por aplicar dicha prohibición, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 24°. Para los grandes generadores, dicha prohibición se aplicará en todos los casos, sin importar la cantidad de población de la localidad en la cual se encuentren.

 

Por otra parte, la normativa establecerá las obligaciones para los productores de AEE, a saber:

  1. a) Constituir, organizar, gestionar y financiar sistemas individuales y/o colectivos de gestión de RAEE con el fin de cumplir con su responsabilidad extendida para cada categoría y tipo de AEE de forma tal de asegurar el cumplimiento de las metas establecidas en el marco de la presente ley.
  2. b) Diseñar y organizar sus sistemas individuales y/o colectivos de gestión de RAEE asegurando la recolección diferenciada y adecuada de éstos en todo el territorio nacional.

“La otra novedad de la ley propuesta es que integramos a las distribuidoras, que tendrán  la obligación de constituir y aportar a los sistemas individuales y colectivos de gestión de RAEE, integrantes del sistema nacional de gestión de RAEE en todo lo concerniente a la logística del post-consumo de los mismos”.

 

El concepto clave es la figura de Responsabilidad Extendida del Productor, que se establecer en Artículo 10º, como un principio que “la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores a la etapa de pos consumo de los productos que producen y comercializan, particularmente respecto de la responsabilidad legal y financiera sobre la gestión de los residuos que se derivan de sus productos”.

 

En cuanto a la Autoridad Nacional de Aplicación, proponen que sea la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación o un organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace. En las Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que determine cada jurisdicción.

 

“Es importante entender que las tendencias se imponen, es el desarrollo que hay que enfrentar. Este proyecto trata de contener las buenas iniciativas, y llegar a un consenso para llevarlo adelante entre todas las partes involucradas. En el mundo se avanza en este sentido, y en Argentina es indispensable avanzar en los sistemas de acopios y distribución de la cadena de valor, todos involucrados para lograr el éxito de la gestión con un sistema nuevo que permita evitar que los RAEE terminen acopiados en las casas o en un basural a cielo abierto”, concluyó.

 

Reseña profesional

El licenciado Mesa es biólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP), posteriormente continuó  con su formación profesional  en la temática ambiental y social, obteniendo los títulos de posgrado en Alta Gerencia Pública Municipal y Provincial ( Universidad Nacional de La Plata), Economía, Ambiente y Sociedad. (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO), y también en Medios de Comunicación y Ambiente (Programa Universitario de Medio Ambiente, PUMA) en la Universidad Autónoma de México. Distrito Federal, México. UNAM)

Además, cuenta con el título de posgrado en Gestión Ambiental(Programa Iberoamericano de Formación Ambiental. Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas UCCI. Madrid. España) y de Magister  Internacional en  Diseño y Gestión de Programas y Políticas Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO).

 

Mesa, durante los últimos 20 años se desempeñó en  la función pública y privada:  Ministerio del Interior de la Nación, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación,  Honorable Senado de la Nación, Consejo Federal de Inversiones (CFI) , Banco Interamericano de Desarrollo (BID)  y Banco Mundial (BIRF).

 

Es autor de distintas publicaciones, entre ellos: Los recuperadores urbanos de la Gran Ciudad Metropolitana de Buenos Aires,  Actualmente se desempeña en la Coordinación del  Observatorio Metropolitano, Proyecto Macrociudades (UBA) y  como docente en la Maestría de Planificación Urbana y Regional (UBA),  y en la Maestría de Paisaje, Ambiente y Ciudad de la Universidad Nacional de La Plata.