Dilemas de la obsolescencia programda

Los europeos generamos cada año unos 15 kilogramos de basura electrónica por persona. Las mismas cantidades producen los ciudadanos de otros países, como Japón o Australia, y las cifras van en aumento en el resto del mundo, siguiendo el vertiginoso ritmo del desarrollo tecnológico y de la propia economía.

La rentable ecuación “comprar, tirar, comprar” que define nuestra actual sociedad de consumo, alimenta aún más el viaje de todos estos productos que compramos, consumimos y tiramos en un círculo continuo que cada vez corre más rápido.

La Fundación Energía e Innovación Sostenible (Feniss) defiende que una familia de cuatro miembros podría ahorrar hasta 50.000 euros a lo largo de su vida si los electrodomésticos duraran más o estuvieran diseñados para ser reparados. La propia Unión Europa se está planteando iniciativas legales para proponer a los fabricantes que sus componentes se puedan reutilizar o, al menos, que lleven etiquetas sobre la durabilidad de los productos, lo que podría ayudar al consumidor en sus decisiones de compra.

Montañas inmensas de frigoríficos, ordenadores, televisores o móviles se acumulan en países como Ghana o China, que dejan de ser los grandes basureros de chatarra electrónica del mundo para convertirse en industrias al aire libre y grandes mercados de segunda mano. El coordinador de Reycyb, Rafa Font, explica que la clave no es evitar que llegue la basura a estos países “sino ayudar a quienes la trabajan a que tengan mejores medios”. Apuesta por una legislación global que ayude a regular las “nuevas economías que se están generando en torno a la basura electrónica” y que generan nuevas oportunidades en poblaciones tradicionalmente desfavorecidas.

La obsolescencia programada, esa práctica según la cual la vida útil de los aparatos electrónicos y productos está previamente determinada por el fabricante, se encuentra sin embargo con alternativas. Ganan protagonismo las campañas a favor del reciclaje, las empresas que se dedican a dar una nueva vida a esos dispositivos o las iniciativas legales para favorecer la economía circular. Iniciativas donde se impone la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos se mantenga en circulación mayor tiempo posible para, al mismo tiempo, reducir al mínimo la generación de residuos.

Es el caso de Back Market, que pone en contacto a profesionales del “reacondicionamiento” con compradores de productos de segunda mano. La responsable de desarrollo de negocio de la compañía en España, Maite Hellín, señala en Entre Líneas que el sector se está consolidando en nuestro país, los productos reacondicionados vuelven a la economía, cada vez tienen más éxito y su reutilización genera ya “7.500 empleos directos”.

La última campaña de Amigos de la Tierra apuesta también por la reutilización y el reciclaje. Su responsable de Recursos Naturales y Residuos, Alodia Pérez Muñoz, pide la reducción del IVA en los servicios de reparación, establecimientos de segunda mano y alquiler, del 21% actual al 10%.

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